A dos años de finalizar su periodo, ¿cuáles son sus deudas como Sala de lo Constitucional y como Corte Plena?
FLORENTÍN MELÉNDEZ: Tenemos que hablar más de las deudas que de los logros. En la Sala de lo Constitucional, modestamente creo que hemos avanzado con nueva jurisprudencia, pero esto se debe a los ciudadanos, no a la Sala. Un reto que tenemos es poner al día a la Sala, lo ideal es quedarnos con los casos del año.
¿Cuál es el caso más antiguo?
FLORENTÍN MELÉNDEZ: Vamos a resolver este amparo que tiene que ver con una masacre que se cometió en la guerra y ya con eso nos quedamos con casos de 2013 y 2014, pero tenemos un promedio de 100 casos de los 1,500 que en promedio manejamos de 2013 y 2014. Sobre la Corte Plena, definitivamente tenemos muchos retos y muchos desafíos, y muy poca cosecha. Se debe a múltiples factores, uno es que hasta esta integración actual, que se inició el año pasado, tenemos condiciones más óptimas de trabajo y de adoptar resoluciones con votación mayores a ocho. En los primeros seis años que estuvimos acá lamentablemente no tuvimos esas condiciones. Nos costaba conseguir resoluciones con ocho votos, especialmente en el tema de la depuración judicial, en el tema de probidad y otros temas.
¿Cuál es el avance en depuración judicial?
SIDNEY BLANCO: Yo creo que en los últimos años ha existido una depuración judicial como nunca antes lo hubo. En 2012 se removieron tres jueces y se suspendieron sin goce de sueldo a 10. En 2013 se removieron dos y se suspendieron ocho. En 2014 se removieron 10 y se suspendieron a 25 jueces; en 2015 se removieron a cinco y se suspendieron a 12. Con lo cual, según las cuentas, en cuatro años se han removido a 20 jueces y se han sancionado con suspensión en 58. Por ejemplo, se han removido algunos jueces por consignar en las sentencias o actas situaciones que no ocurrieron en realidad, hemos removido jueces que han moderado de manera intolerable las sentencias, hemos removido por costumbres al margen de la ley de algunos jueces de firmar hojas en blanco para que puedan insertarse en ellas cualquier acto procesal, salvando que el juez no llega tal día. Ya he dicho que el órgano judicial ha dado muestras ejemplarizantes de remoción de funcionarios por ineptos. Yo eso no lo he visto en el Ejecutivo, yo no he visto que el Ejecutivo separe a un ministro o a un viceministro por inepto. Creo si la Ley de la Carrera Judicial lo establece así con todas sus letras, que es causal de remoción, la Corte Suprema lo ha hecho en contra de jueces que no están a la altura de las necesidades en el sistema judicial y yo sí quisiera ver del Ejecutivo también, de la separación de funcionarios ineptos, que muchos de ellos desfilan, terminan los periodos y los graves problemas que tenían que enfrentarse continúan. La ineptitud como que campea en muchas instituciones. El año pasado, el fiscal promovió un antejuicio en contra de jueces de la zona oriental, en menos de 72 horas estos jueces estaban separados de los cargos. No estamos en condiciones de convertirnos en cómplices o tapaderas de ningún funcionario que infrinja la Ley de la Carrera Judicial. Lo estamos haciendo, a lo mejor no con la celeridad que muchos quisieran.
¿Cómo se combate la corrupción judicial?, ¿hay alguna forma para controlar si hay enriquecimiento ilícito por parte de jueces y magistrados?
SIDNEY BLANCO: Desde hace varios años, desde la gestión del presidente Belarmino Jaime, se había obligado a los jueces a que presentaran sus declaraciones patrimoniales, esta obligación nos ha permitido que se hayan realizado algunas investigaciones para verificar si tienen o no incrementos patrimoniales no justificados, de manera que no solo funcionarios de la clase política están siendo objeto de investigación, sino también hay funcionarios judiciales...
RODOLFO GONZÁLEZ: La última semana de julio se cumplió un año de la primera vez que la Corte Plena liberó, quitó la reserva, y entregó una versión pública de una declaración patrimonial. Eso dio lugar a que en los últimos cinco meses, pidieron más de siete mil versiones públicas de declaraciones de probidad, dio lugar a unas primeras investigaciones periodísticas que revelaron los últimos meses incrementos patrimoniales de expresidentes de la República, diputados o funcionarios del Ejecutivo, y a esta hora se ha resuelto respecto de seis funcionarios, los últimos tres expresidentes de la República, (Francisco) Flores, (Antonio) Saca y (Mauricio) Funes, estos últimos dos se ordenó juicio de enriquecimiento ilícito, el caso del expresidente ya fallecido se reveló un crecimiento patrimonial y Corte Plena ordenó certificar a la Fiscalía para que si lo consideraba procedente ejerciera la extinción de dominio. También hemos resuelto los casos de un diputado, un exdirector del ISSS y de un juez... Por lo menos se rompió ese dique. Por lo menos ya hemos cumplido un año en el que se ha caminado un poquito.